Plantas como la cangorosa, la caroba o el helecho fueron durante miles de años las aliadas de las indígenas de Paraguay para evitar o interrumpir sus embarazos, algo que nunca fue un tabú, sino un remedio natural de regular los nacimientos, que ahora está en riesgo de desaparecer por el avance del agronegocio.


Al menos dos pueblos indígenas de Paraguay: los paî tavytera, del departamento de Amambay (norte) y los mbya guaraní, de la zona de Caaguazú (centro) recurren a estas plantas explicó en una entrevista con Efe la socióloga e investigadora Sintya Valdez, autora del documental “Tekopora” que recoge algunos de estos usos medicinales.

Valdez, hija de una mujer campesina que sobrevivió a 15 embarazos y dio a luz a 12 hijos, observaba intrigada que las mujeres indígenas tenían tres o cuatro hijos, muchos menos que las mujeres no indígenas de zonas rurales, y se preguntó por qué.

A raíz de su investigación, Valdez descubrió que las indígenas conocen las propiedades anticonceptivas y abortivas de ciertas plantas y también qué partes deben emplear, cuándo deben consumirlas o en cuánta agua deben hervirlas para preparar infusiones eficaces.

Explicó además que para estas mujeres, el sexo es una actividad placentera, que no tiene por qué estar relacionada con la reproducción, mientras que no ven al aborto como la eliminación de una vida, sino simplemente como una forma de “volver a menstruar”.

“Las mujeres se plantean para qué van a tener más hijos si no los pueden mantener, si van a pasar hambre. Se preguntan cómo van a poder amamantarles, si ellas mismas no pueden alimentarse bien, si sus cuerpos no están sanos”, detalló la investigadora.

Señaló que las indígenas no hablan del aborto como un tabú, una experiencia traumática o una gran hemorragia que las debilite, sino como una forma natural de regular los nacimientos, dentro del contexto de extrema pobreza en el que vive el 75 % de los pueblos originarios en Paraguay, según cifras oficiales.

Por ello, la investigadora cree que el uso de estas plantas podría convertirse en una alternativa válida para interrumpir embarazos, en un país donde el aborto es ilegal, está penalizado con cárcel, se realiza de manera clandestina y peligrosa para las mujeres y sigue siendo la primera causa de muerte materna según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Además de los preparados abortivos, las indígenas saben emplear plantas anticonceptivas que carecen de los efectos secundarios asociados a los anticonceptivos hormonales, como el aumento de peso, las irregularidades en los ciclos menstruales, o la esterilidad tras un uso prolongado, según contaron las indígenas a Valdez.

La investigadora opinó que la difusión del uso correcto de estas plantas, en un país donde el consumo de “remedios yuyos” o hierbas medicinales está muy arraigado, también en la población no indígena, podría ayudar a prevenir embarazos no deseados.

Además, estas plantas son más accesibles para las mujeres rurales que los anticonceptivos hormonales, que solo pueden obtener si tienen los recursos económicos suficientes para desplazarse hasta el centro de salud más cercano y adquirir las pastillas dijo Valdez.

Pese a estas ventajas, el acceso a estas plantas se está viendo amenazado por los cultivos transgénicos, la pérdida de biodiversidad y la elevada concentración en la propiedad de las tierras, que convierte a Paraguay en uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la tenencia de tierras según la ONG Oxfam.

Valdez reveló que, en el caso de los mbya guaraní, sus tierras están cercadas por las propiedades de colonos menonitas que se dedican al cultivo de soja y la ganadería extensiva, mientras que los paî tavytera, que viven cerca de la frontera con Brasil, están rodeados de cultivos ilícitos destinados al narcotráfico.

Además, los saberes ancestrales de los indígenas sobre plantas medicinales están en el punto de mira de las corporaciones farmacéuticas y otras empresas multinacionales, que ya patentaron decenas de especies vegetales nativas de Paraguay, como la stevia indicó Valdez.

La investigadora denunció que estos actos son “biopiratería”, y pretenden adueñarse de la propiedad intelectual de los conocimientos de los indígenas que componen menos del 2 % de la población de Paraguay y se encuentran repartidos en cerca de una veintena de pueblos con lenguas y culturas diferentes. EFE